Sexualidad y drogas han sido dos campos recurrentes de discusión y articulación política entre el Estado y las organizaciones religiosas. Entre 2003 y 2015, en Argentina se han debatido e implementado diversas leyes y políticas públicas relativas a sexualidad y drogas, con una participación protagónica de actores religiosos.
El matrimonio entre personas del mismo sexo fue rechazado por la jerarquía católica y por sectores evangélicos conservadores, mientras que otras iglesias evangélicas lo apoyaron, en un esquema de posicionamientos similar al configurado ante la ley de divorcio en la década de 1980. Frente al consumo de drogas, organizaciones religiosas han desarrollado sus propias respuestas terapéuticas, así como también se han pronunciado sobre los proyectos para su despenalización, suscitando controversias dentro del catolicismo y obstaculizando su avance parlamentario.