La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, es conocida por eso como la Pepa.
Se trata de la primera Constitución liberal española. Ello es debido a su defensa de los derechos individuales, su voluntad de modificar o suprimir ciertas instituciones del Antiguo Régimen y su ideal de mejorar la sociedad. Los primeros artículos del texto proclaman una nación española transoceánica, libre e independiente que no es patrimonio de ninguna familia ni persona y limita los derechos de la monarquía.
Los diputados liberales
Agustín Argüelles,
Diego Muñoz Torrero y Pérez de Castro
fueron las figuras más destacadas en su elaboración. En 1814, al regresar a España el rey Fernando VII, firmó un decreto en el que decía que no la juraba ni aceptaba, ni ningún decreto de las Cortes. Declarando, así, nulos esta Constitución y sus decretos.
La actitud del monarca provocó rebeliones en Latinoamérica y la independencia de todas las colonias españolas de allí, con excepción de Cuba y Puerto Rico.
Posteriormente, la Pepa se volvió a aplicar el 8 de marzo de 1820. Ese día Fernando VII fue obligado a jurarla ante la rebelión de Rafael de Riego, hasta el fin del Trienio Liberal, en 1823. Volvió a estar en vigencia entre 1836 y 1837, mientras se redactaba la Constitución española de 1837.
Las principales características de la Constitución de Cádiz fueron las siguientes:
Estableció la soberanía de la Nación, no la del rey.
Instauró la monarquía constitucional como forma de gobierno, estableciendo la división de poderes y limitando así la autoridad del monarca.
Proclamó el sufragio universal masculino indirecto.
Estableció la libertad de imprenta, de industria, de comercio y el derecho a la propiedad privada.
Abolió los señoríos feudales.
Concedió la ciudadanía española a todos los nacidos en las colonias americanas, fueran criollos, mestizos o indígenas.
Consagró a España como un Estado confesional católico, ya que prohibía expresamente cualquier otra religión.
No reconoció ningún derecho a las mujeres.